En el día de hoy, el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) participó de una conferencia de prensa junto a otras 14 gremiales profesionales, en la que se presentaron propuestas concretas ante la delicada situación financiera que enfrenta la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad económica de la institución sin comprometer los derechos de activos ni pasivos.
Durante la conferencia, que se desarrolló en la sede del CCEAU, la Cra. Cristina Freire, Presidente de nuestro Colegio, explicó en detalle las alternativas planteadas, destacando que la principal iniciativa consiste en destinar una parte del aporte que hoy realizan algunos trabajadores dependientes al sistema mixto de seguridad social.
“Planteamos que para aquellos dependientes que reciben sueldos nominales superiores a $135.000 —que es donde comienza el aporte obligatorio a la AFAP—, se redirijan aproximadamente $6.100 de ese aporte a la Caja de Profesionales. Eso llevaría a un equilibrio económico y financiero”, explicó. Agregó que ese monto se toma como un aporte del profesional y, posteriormente, “va a mejorar su jubilación”, que será superior a la que recibiría a través de la AFAP.
Freire subrayó que esta propuesta “no modifica la rentabilidad de la AFAP de ninguna manera”, ya que “el único monto que pierde es el 5% de $6.000, lo que equivale a $300”.
Asimismo, se propuso actualizar el valor de los timbres profesionales, que no se ajusta adecuadamente desde 2004. En este sentido, se sugirió vincular su actualización al Índice Medio de Salarios y revisar las exoneraciones que hoy afectan significativamente la recaudación por este concepto.
En cuanto a los profesionales declarados en no ejercicio, Freire sostuvo que con la incorporación de aproximadamente 28.000 de los más de 110.000 registrados se lograría alcanzar el punto de equilibrio. “Si esas 28.000 personas hicieran el aporte mínimo —unos $6.000— se resolvería la situación financiera actual. Y si se sumaran más, se empezarían a generar reservas, que hoy la Caja no tiene”, afirmó.
Además, la Presidente enfatizó que estas medidas no implican aumentos de aportes para quienes hoy ya están activos. “No se les modifica absolutamente nada a quienes están aportando. La única solución que han propuesto otros actores es quitarle dinero al activo, quitarle al pasivo y poner fondos sin certeza de sostenibilidad. Nuestra propuesta evita eso”, dijo.
Consultada sobre por qué muchos profesionales optan por aportar al BPS y no a la Caja, Freire explicó que lo hacen para evitar “una doble carga contributiva”. “Los profesionales somos trabajadores como todos, pero muy castigados: por el IRPF, por el Fondo de Solidaridad. Entonces, muchos eligen no sumarse a la Caja para no aportar dos veces”.
Por otro lado, la contadora lamentó no haber sido recibidos por el Poder Ejecutivo, a pesar de las múltiples solicitudes para concretar una reunión. “Lamentablemente, no fuimos recibidos. Pedimos entrevistas, pero no se nos concedieron. Tampoco fuimos recibidos durante la administración anterior cuando se presentó la ley ‘express’”, contó.
Sin embargo, según explicó, las propuestas planteadas por las gremiales sí fueron bien recibidas por la Comisión del Parlamento, aunque aclaró: “Nosotros aportamos una posible solución, ahora es tarea del Poder Legislativo y el Ejecutivo analizarla como corresponde”.
Finalmente, advirtió que el problema actual no es nuevo, sino que se remonta al año 2012. “Esto comenzó en 2012 o 2013, cuando un estudio actuarial ya anticipaba que en 2025 la Caja estaría en una situación crítica. Lamentablemente, las soluciones no han llegado. Pero el artículo 67 de la Constitución es claro: hay que garantizar el pago de las pasividades. No puede ser que un pasivo que trabajó 30 o 40 años no reciba su jubilación en tiempo y forma”, afirmó.
Por último, las gremiales fueron enfáticas en que las medidas propuestas no requieren asistencia financiera del Estado, salvo de forma transitoria mientras se implementan, y que permitirían garantizar la continuidad de un sistema previsional clave para miles de profesionales en el país.